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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi cerró hoy una causa contra la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, en donde se investigaba si la funcionaria pudo haber incurrido en un supuesto abuso de poder ya que el organismo bajo su órbita se había presentado como querellante en diferentes causas contra el kirchnerismo.

“No pudo tenerse por acreditada ninguna conducta ilícita”, dijo el juez, al firmar el sobreseimiento de la funcionaria. El fallo señaló que no existe ninguna reglamentación que explique en qué causas debe o no intervenir el organismo y habló de “una gran flexibilidad en los estándares fijados para la actuación de la OA”.

No obstante, el juez sostuvo en su resolución que “la dependencia de la OA del Poder Ejecutivo Nacional indefectiblemente tiñe de un manto de dudas sobre su actuación cualquiera sea la administración que se someta a controlar, en tanto su titular resulta elegible sin ninguna restricción por el presidente de la Nación“.

La causa se inició en 2016 por la denuncia del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero se le sumó una nueva presentación por parte del abogado y dirigente social Juan Grabois, que aseguró: “Alonso actúa con parcialidad manifiesta, no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo adversarios políticos“. Grabois se quejaba porque la OA había denunciado penalmente al referente del Movimiento Evita y ex funcionario K, Emilio Pérsico, por no presentar su declaración jurada patrimonial.

El dirigente social Juan Grabois
El dirigente social Juan Grabois

Martínez De Giorgi pidió entonces informes al organismo para saber en qué causas actuaba como querellante, y también detalles a cada juzgado de Comodoro Py para saber en qué expedientes intervenía la OA. “Se requirió a los juzgados del fuero informen respecto de causas que tramiten o hubieran tramitado contra funcionarios de la actual administración y/o se investiguen hechos vinculados a su gestión. En relación a ellas, se solicitó se precise si las mismas fueron iniciadas a instancias de la OA y/o si el organismo tuvo en su trámite alguna intervención. De las contestaciones efectuadas, se advierte como denominador común que ninguna de las causas en trámite informadas con objetos procesales que responden a los indicadores aportados fueron iniciadas por denuncia de la OA y su titular tampoco solicitó constituirse como querellante”, afirmó el juez en su resolución de sobreseimiento.

Alonso había hecho un descargo espontáneo por escrito en donde “negó enfáticamente haber realizado una persecución sistemática contra Ricardo Echegaray”. También rechazó “una persecución selectiva que favorezca a funcionarios del gobierno actual”. Y aseguró que la decisión de la OA de presentarse o no en los distintos expedientes “es una facultad reservada a su titular”, según la importancia institucional, económica o social del hecho investigado, se desprende de la resolución.

Según el juez, “el objeto de la imputación quedó formalmente centrado en tratar de establecer con el avance de esta pesquisa si pudo haber existido un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, destinado a beneficiar o no accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del organismo”. Y sobre eso añadió: “No pudo tenerse por acreditada ninguna conducta ilícita”.